Política

CRISTINA COSECHA RESPALDO INTERNACIONAL ANTE LA “PERSECUCIÓN” JUDICIAL

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El Grupo de Puebla y expresidentes de la región criticaron el pedido de 12 años de prisión contra la vicepresidenta.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este martes respaldos internacionales en el marco de la denuncia de una “persecución” judicial por el pedido de la fiscalía de que sea condenada a 12 años de cárcel por la causa Vialidad.

El Grupo de Puebla denunció una “persecución mediática y judicial” contra la vicepresidenta y afirmó que la derecha busca “proscribirla sin permitirle defenderse”.

Los referentes del grupo indicaron que este accionar es un signo de que el lawfare “vuelve a operar en América Latina, a costa de nuestras democracias”.

El Grupo de Puebla tiene entre sus integrantes más destacados a los expresidentes José Mujica (Uruguay, 2010-2015), Evo Morales (Bolivia, 2006-2019), Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017), Dilma Rousseff (Brasil, 2011-2016), Lula da Silva (Brasil, 2003-2010), y José Luis Rodríguez Zapatero (España, 2004-2011), entre otros.

Por su parte, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff expresó su “más incondicional solidaridad” con Cristina Fernández de Kirchner, a quien consideró “víctima de otro acto brutal de guerra legal y persecución política”.

Evo Morales, expresidente de Bolivia, afirmó que Cristina “es víctima de un ataque inclemente de “lawfare”, o guerra política que usa a la justicia como arma, para inhabilitarla. Repudiamos la actuación de fiscales que imitan al juez Moro”, en referencia al magistrado que envió a prisión al exmandatario brasileño Lula da Silva.

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa retuiteó a quien fuera su canciller, Ricardo Patiño, quien destacó “la contundencia” de Cristina Fernández de Kirchner para Estamos “liquidar las falsas acusaciones en su contra”.

Ayer, el fiscal Diego Luciani pidió que se condene 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Fernández de Kirchner en la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en una acusación que la alianza gobernante del Frente de Todos definió como un intento de proscripción o condicionamiento contra la exmandataria.

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