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¿ QUE ENTIENDE EL PODER COMO POLITICA DE ESTADO?

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Por Luis Caro Figueroa

En una entrevista concedida al diario El Tribuno de Salta, el próximo Ministro de Seguridad del gobierno provincial de Salta, Abel Cornejo, ha dicho que el mejoramiento de la seguridad en nuestra Provincia depende, a su juicio, de la formulación de una política de Estado con nuevos conceptos.

En el desarrollo de esta idea tan particular, el futuro ministro ha dado a entender que esa «política de Estado» que se echa en falta en Salta consiste, poco más o menos, en «planes estratégicos y soluciones concretas ante hechos concretos». En pocas palabras, ha dicho que es necesario «un plan provincial de seguridad» (incluso uno federal).

Esta «novedosa» política de Estado será presentada -creemos que en los próximos días- al Gobernador de Salta, pues, según el nuevo ministro, es él (el Gobernador) «en definitiva quien tiene que decidir en su aplicación integral y en el manejo de los tiempos».

Quiere esto decir, que los «nuevos conceptos» de las políticas de Estado que parece manejar el ministro consisten en formular un plan de seguridad sin la más mínima participación de la oposición política y parlamentaria.

Pero ¿es esto una política de Estado o es más bien una trampa para evitar que las decisiones del nuevo ministro sean prolijamente escudriñadas y criticadas por quienes no comulgan con sus ideas?

En Salta, y en otras partes del país, se tiende a identificar al Estado con el gobierno. Por muy frecuente que sea, esta deformación es sumamente dañina para la convivencia democrática.

Una identificación tan intensa y extensa no consigue mejor cosa que arrinconar a la oposición política (que es, por definición, un poder del Estado democrático) hasta verla reducida al poco decoroso papel de fuerza antisistema y retratada ante la opinión pública como un contrapoder del Estado.

En una democracia genuina y equilibrada, el sistema político en su conjunto tiene como misión primordial la de defender y fomentar la disparidad de intereses, la tolerancia conceptual y las necesidades diversas como bases fundamentales de su existencia (Gianfranco PASQUINO, 1998). Proclamar que los intereses del Estado son solo aquellos que el gobierno identifica en soledad, sin la más mínima consulta, participación o intervención de la oposición, es una forma de negación del sistema político mismo.

No solo el respeto a la oposición sino también su existencia misma son fenómenos propios de la democracia (Norberto BOBBIO et al, 2003). Ninguna otra forma política persigue como misión primordial garantizarla. Las formas absolutistas, autocráticas y, en fin, dictatoriales, pueden existir y ejercerse sin que a ninguna de ellas se les exija el deber de tener una oposición y de respetarla.

Pero la democracia sí lo exige, y no hablamos de un respeto nominal cualquiera sino del reconocimiento y la activa promoción de un especial estatus dentro del sistema político.

Esta importancia institucional a quien primero debe afectar, espoleando su responsabilidad, es a la propia oposición, pues esta no puede desarrollar una actividad política que suponga un enfrentamiento con el poder del Estado o una actuación fuera del Estado. Si algo como esto ocurriera, aquella fuerza dejaría de ser oposición para convertirse en un grupo antisistema, aislado y fuera del juego democrático, que supone, por definición, un intercambio permanente de lealtades entre el gobierno (la mayoría) y la oposición.

Es deber de la oposición, entendida como poder del Estado, controlar al gobierno, pero controlarlo en beneficio de los ciudadanos y no simplemente apostar al desgaste permanente de la existencia del gobierno.

En consecuencia, la oposición debe proponer, de forma responsable, alternativas al gobierno y mostrarse dispuesta a gobernar en cualquier momento, aun cuando el sistema presidencialista nos señale tiempos rígidos para el recambio gubernamental. Por último, la oposición tiene el deber de pactar con el gobierno, en determinados asuntos graves, auténticas políticas de Estado que, como condición de validez, deben ser negociadas y acordadas con el gobierno y propiciadas por este con el mayor grado de responsabilidad posible, puesto que la Constitución (Art. 140, segundo párrafo, CS) atribuye de forma exclusiva al Gobernador la potestad de formular y dirigir las políticas de la Provincia.

Por tanto, es muy fácil concluir en que jamás puede haber política de Estado con un simple plan formulado en las sombras por el propio gobierno, con la pretensión de que todos los demás lo acepten sin rechistar, como expresión del máximo consenso.

Pretender hacer pasar por «política de Estado» el plan elaborado en el gabinete de un funcionario iluminado es la prueba del nueve del desprecio hacia la democracia y la confirmación en los hechos de que quienes ejercen el poder en nuestra Provincia no solo están «encantados de conocerse a sí mismos» sino que, en la intimidad, repiten a diario frente al espejo la antigua sentencia de Louis XIV: el Estado soy yo.

Si la oposición no es consultada, si no interviene activamente en la formulación del plan, o si no hay un pacto de Estado que asegure su aplicación sin tropiezos y sin cuestionamientos inútiles, es imposible que haya una política de Estado en el sentido más político de esta expresión. Cualquier plan de gobierno que no haya sido consensuado con la oposición, aun en asuntos de sangrante necesidad pública, será solo eso: un plan de gobierno más al que la oposición tiene entonces todo el derecho de cuestionar y criticar como le plazca.

El anuncio de un futuro plan de seguridad es sin dudas auspicioso, pero deja de serlo en el mismo momento en que se lo presenta en un envoltorio que dificulta su evaluación por quienes no están de acuerdo con el gobierno. Así como la oposición no puede practicar una política de tierra quemada con el adversario, tampoco lo puede hacer el gobierno, que en todo momento está obligado a mantener y cultivar, con ductilidad e inteligencia democráticas, las mejores relaciones personales con quienes no piensan como ellos.

El modelo de convivencia que hemos elegido nos obliga a todos a entablar un diálogo fluido sobre las cuestiones más importantes que afectan nuestra vida en común. La democracia no se entiende ni se practica en base a animadversiones personales que terminan convirtiendo al oponente en enemigo. Pero este no es un imperativo que se limite a la oposición, sino que vincula de una forma particularmente intensa al gobierno, que, en todo caso, ha de cumplir de una forma exigente y rigurosa, teniendo siempre en mira el mejor servicio a la libertad y el bienestar del conjunto de ciudadanos y ciudadanas de Salta.

Noticias Iruya

 

 

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